La revolución Satoshi: Una revolución de expectativas en aumento.
Sección 1 : El problema de la “confianza en terceros”.
Capítulo 3: Tratando de deshacer a Satoshi.
Escrito por Wendy McElroy.
Malas noticias: El gobierno se toma en serio a las criptodivisas (Capítulo 3, 2da parte)
Se ha acercado en el horizonte una peligrosa nube legal. El día martes 28 de noviembre, el proyecto de ley 1241 del Senado fue presentado ante el Comité Judicial del Congreso de los Estados Unidos. Sea que se apruebe o no, el proyecto de ley expresa la dirección del interés cada vez más agresivo del gobierno por las criptodivisas.
La sección 13 de la “Ley del 2017 contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, y la falsificación” busca enmendar el Código 31 de los Estados Unidos § 5312, el cual abarca las definiciones y su aplicación. Específicamente, la revisión incluiría a las “divisas digitales” como “instrumentos monetarios” y a “cualquier bolsa digital o fiador de divisa digital” como una “institución financiera”. Las otras secciones se vuelven relevantes porque la redefinición de las divisas digitales hace que estas caigan bajo su jurisdicción.
Habrá quienes celebrarán porque creen que la regulación indica que las criptos se están volviendo “masivos”. Otros se encojen de hombros porque, a la larga, creen que las divisas como bitcoin no pueden ser controladas por las autoridades. Probablemente están en lo cierto… a la larga. Sin embargo, a corto plazo se pueden destruir vidas. Y todos vivimos en el corto plazo.
El enfoque prudente no es ni aplaudirlo ni desestimarlo, es la preparación. Porque el gobierno viene, y quiere tu dinero.
La solución más simple es evitar los Estados Unidos. A menudo, esa solución no es factible. Por una parte, los gobiernos de todas partes están tratando de prohibir, poseer o controlar de alguna forma las criptos. El gobierno está decidido a mantener su estatus como el tercero de confianza en la emisión y regulación del dinero. “Volverse mainstream” hace que usar las criptodivisas sea mucho más peligroso para quienes valoran la privacidad y la libertad.
¿Qué es la S1241?
La “Ley contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, y la falsificación” es una ley anti-lavado de dinero que regula federalmente las criptodivisas. Muchas bolsas amigables con el cliente y otros negocios cripto ya han huido de los Estados Unidos debido a la hostilidad o a las tomas de poder de las agencias federales, tales como la Comisión de Seguridades e Intercambio. La S1241 puede ser vista como una plantilla de cómo piensa proceder el gobierno.
La clave son $10 000. Esta es la cantidad en efectivo o instrumentos monetarios que debe ser declarada en la frontera de los Estados Unidos. También da lugar a que las instituciones financieras estadounidenses deban llenar un reporte de transacción monetaria que puede ocasionar que el gobierno congele o confisque cuentas, haya o no evidencia de actividad delictiva.
La S1241 es una expansión drástica desencadenada de los $10 000. Al gobierno se le da una poderosa brecha de entrada para cobrar impuestos, confiscar o reclamar autoridad sobre las criptodivisas. ¿Cuándo se ha detenido el gobierno en abrir una brecha de entrada?
Pero antes, una nota al margen. El proyecto de ley también es subrepticio. Un bitcoiner alerta notó que la reunión Judicial del Senado aparecía programada para las 10 a.m. del día 28 en la página web oficial pero sólo fue añadida a la página de la Audiencia a las 6 p.m. de la noche anterior, lo cual impidió que hubiese cobertura de los medios, protestas y testimonios de refutación.
Desempacando la S1241.
Sección 1: “Tìtulo breve, Tabla de contenidos”.
Sección 2: “Transporte o transbordo de cheques en blanco emitidos al portador”. Esto enmendaría la Sección 5312 del Título 31 del Código de los Estados Unidos. Cualquier cheque que ingrese o abandone los Estados Unidos “emitido de una cuenta que contenga más de $10 000” y en el que no se haya llenado el monto en dólares, será “valorado en más de $10 000 para efectos de reporte”. La cantidad de $10 000 es el límite mínimo para presentar “un reporte ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza”.
Sección 3: “Aumento de las penas por contrabando de grandes cantidades de efectivo”. El contrabando de grandes cantidades de efectivo implica ocultar $10 000 o más en divisas o instrumentos monetarios cuando cruzas la frontera. La pena máxima aumentaría a 10 años de prisión; las multas aumentarían en una cantidad no especificada.
Sección 4: “Sección 1957 Violación que involucre fondos combinados y transacciones agregadas”. La sección 1957 se trata de “la transferencia de ganancias producto de actividades delictivas… sin necesidad de demostrar” intención de delito. Se llenarían dos vacíos legales. 1) $10 000 en fondos en los que se haya combinado “dinero sucio” con “dinero limpio”, serían considerados como $10 000 de dinero sucio. 2) Una serie de transacciones por debajo de $10 000 que sean “muy cercanas en el tiempo, la identidad de las partes involucradas, la naturaleza de las transacciones, o la forma en la que son llevadas a cabo” satisfarían, al juntarse todas las transacciones, el límite de los $10 000.
Sección 5: “Denuncia del lavado de dinero como línea de conducta”. Esto simplificaría el proceso de presentar cargos por lavado de dinero contra una persona e “incluiría las conspiraciones para violar… [la] prohibición de negocios de transmisión de dinero sin licencia como conspiraciones para lavado de dinero”.
Sección 6: “Negocios ilegales de Servicios Monetarios”. Estos son negocios que envían “sus ganancias delictivas al extranjero”, en los que el “no registro” en sí mismo ya constituye un delito; el lenguaje de algunos estatutos actuales cambiaría de “sin licencia” a “ilegal”. El no tener conocimiento acerca de la necesidad de registrarse no calificaría como defensa. El término “empresa de transmisión monetaria” sería reemplazado por “empresa de servicios monetarios” para incluir “entidades… como las cajeras despachadoras” que “no transmiten dinero”. Las penas y multas aumentarían.
Sección 7: “Lavado de dinero por ocultamiento”. Esto aplica a los “mensajeros o mulas”. La Corte Suprema determinó que, para ser culpable, un acusado necesita saber que el transporte de los ingresos estaba diseñado para ser clandestino y precisamente por qué “habían sido transportados de esa manera”. Esta sección eliminaría o diluiría en gran manera esos requerimientos al cambiar la redacción.
Sección 8: “Congelamiento de cuentas bancarias de personas arrestadas por el traslado de dinero a través de fronteras internacionales”. Se establecería una retención de 30 días que podría ser extendida “por buena causa”.
Sección 9: “Prohibición del lavado de dinero a través de hawalas, otros sistemas informales de transferencia de valores, y transacciones estrechamente relacionadas”. Esto redefiniría lo que constituye una ofensa de lavado de dinero cuando se trata de “un conjunto de transacciones paralelas o dependientes”. Se considerarían todas como “un único plan o arreglo”.
Sección 10: “Restauración de la autoridad para intervenir líneas telefónicas para ciertas ofensas de lavado de dinero y falsificación”. Esta se explica por sí sola.
Sección 11: “Aplicación del estatuto internacional para el lavado de dinero a la evasión de impuestos”. Usar cuentas extranjeras para evadir impuestos se consideraría lavado de dinero.
Sección 12: “Conducta que ayude a la falsificación”. Las nuevas leyes de falsificación incluirían el uso de nueva tecnología, “materiales, herramientas, o maquinaria”.
Sección 13: “Dispositivos de acceso prepagados, tarjetas de valor almacenadas, divisas digitales y otros instrumentos similares”. Esto enmendaría la Sección 5312 del Título 31 de dos maneras significativas.
Primero, la 5312 dice actualmente: “(2) ‘institución financiera’ significa… (B) un banco comercial o compañía fiduciaria”. Esto sería enmendado para añadir “o cualquier exchange digital o fiador de divisa digital”. Tal como observa Coindesk, “el proyecto de ley aclara que cualquiera que ‘emita, canjee o haga efectiva’ una ‘divisa digital’ también está cubierto bajo la ley”.
Segundo, el resumen provisto por el Senador Charles Grassley dice que “los fondos almacenados en formato digital” estarían incluidos “dentro de la definición de instrumentos monetarios”, haciéndolos sujetos a “requisitos de información contra el blanqueo de dinero … en casos donde el valor almacenado es superior a los $10 000”.
Sección 14: “Citaciones administrativas para casos de lavado de dinero”. Esto ampliaría la disponibilidad de citaciones administrativas y justificaría una “orden de confidencialidad” adjunta.
Sección 15: “Obtención de registros bancarios extranjeros de bancos con cuentas corresponsales en los Estados Unidos”. La sección “fortalecería esta herramienta de investigación ya existente”. Por ejemplo, a los bancos extranjeros se les solicitarían los registros relacionados con cualquier “acción de confiscación civil” y serían penalizados si no cumplen con la citación.
Sección 16: “Pago de primas por peligro inminente”. Esto proporcionaría primas por peligro inminente para una amplia gama de organismos policiales y de seguridad.
Sección 17: “Aclaración de la autoridad del Servicio Secreto para investigar el lavado de dinero”. Esto expandiría la autoridad del Servicio Secreto. Por ejemplo, eliminaría el requisito de que una institución financiera bajo investigación deba ser una que esté “asegurada federalmente”.
Sección 18: “Prohibición de ocultar la titularidad de la cuenta”. Esto convertiría en delito que una persona “oculte, falsifique o tergiverse a sabiendas, desde o hacia una institución financiera” su identidad o “un hecho relacionado con la propiedad o el control de una cuenta o de activos almacenados en una cuenta”.
Sección 19: “Prohibición de ocultar la fuente de los activos en una transacción monetaria”. Actualmente, una persona tiene que ser acusada de un delito para poder ser procesada por ocultar, falsificar o tergiversar su participación en una “sospecha inicial de lavado de dinero” o su relación con una persona extranjera de interés. Esta sección eliminaría ese requisito y permitiría que el gobierno persiga los bienes de la entidad o persona en cuestión.
Sección 20: “Regla de construcción”. Esto “aclararía que nada dentro de la legislación debe interpretarse como que aplica a las acciones autorizadas de inteligencia, protección, y aplicación de la ley que emprenda el gobierno de los Estados Unidos o cualquier organismo de inteligencia estadounidense”.
Conclusión
El verdadero problema con la legislación es que esta nunca permanece confinada dentro de los límites de lo que inicialmente dice ser su propósito. Las consecuencias no intencionales son a menudo las más poderosas.
Por ejemplo, la S1421 establece un nuevo precedente y no está claro a dónde llevará. Cualquier persona acusada de fraude fiscal también puede ser acusada por lavado de dinero, incluso si no hay nada ilegal en el asunto. El abogado Ballard Spahr declara:
Si se aprueba en su forma actual, irónicamente la S. 1241 tomaría la única ofensa que el Congreso nunca ha permitido que se asocie con el lavado de dinero -el fraude fiscal “común y corriente” que no involucra ganancias ilegales- y pondría las cosas de cabeza. Es decir, las transacciones que promuevan un crimen fiscal, siempre y cuando involucren una transacción fronteriza, serán el único tipo de transacciones que pueden constituir una ofensa de lavado de dinero cuando las ganancias representen fondos que, de lo contrario, son completamente legales.
Prepárense.
[Continuará la próxima semana.]
Gracias al editor/novelista Peri Dwyer Worrell por su ayuda en la corrección.
Las reimpresiones de este artículo deben dar crédito a bitcoin.com e incluir un enlace que redireccione a los enlaces originales de todos los capítulos anteriores.
Autor Original: Wendy McElroy
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