Malta ha promulgado el miércoles tres proyectos de ley con el fin de crear un marco regulatorio claro que permita el establecimiento de negocios con criptomonedas en la isla. A la hora de examinar la nueva normativa, surgen una serie de cuestiones que pueden tener un impacto en los comerciantes y las plataformas de intercambio. La prohibición del uso de información privilegiada, la manipulación del mercado y los anuncios engañosos o los informes técnicos de las ICO.
Nuevas Definiciones
Las legislaturas maltesas se han esforzado al máximo para asegurarse de que no utilizarán términos que puedan parecer contrarios al sentimiento europeo actual. Así que no se refieren a Bitcoin, Criptomonedas, ICO o cualquier cosa que pueda sonar familiar a alguien con una percepción negativa de estos. En su lugar, constituyen nuevas definiciones para gobernar la industria de la “Tecnología de Ledgers Distribuidos”.
Por “activo DLT” (“Distributed Ledger Technology” en inglés) se entiende un token virtual; un activo financiero virtual; dinero electrónico; o un instrumento financiero, que es intrínsecamente dependiente de, o utiliza, la Tecnología de Ledger Distribuidos. “Plataforma DLT de intercambio” se refiere a cualquier plataforma o servicio de negociación o bolsa en el que se pueda realizar cualquier tipo de transacción de activos de DLT.
“Por “activo financiero virtual” o “VFA” (por sus siglas en inglés) se entenderá cualquier forma de registro de soporte digital que se utilice como medio digital de intercambio, unidad de cuenta o depósito de valor y que no sea dinero electrónico, un instrumento financiero o un token virtual. Por “oferta inicial de VFA” se entiende un método de captación de fondos mediante el cual un emisor emite activos financieros virtuales y los ofrece a cambio de fondos. “Plataforma de intercambio de VFA” se refiere una plataforma DLT de intercambio que opera en la que sólo se pueden realizar transacciones con activos financieros virtuales.
El propósito de las nuevas definiciones es crear categorías para las empresas de criptos que quieren establecerse en Malta (y que están dispuestas a pagar tasas y contratar a locales para hacerlo). Por lo tanto, es de esperar que pronto algunas plataformas de intercambio se promocionen como “Certified DLT Exchange” o “Registered VFA Platform” o como una variación de estos términos basada en las nuevas definiciones maltesas.
Sanciones Y Responsabilidades
La ley maltesa también toca un número de puntos de contención dentro de la comunidad de criptomonedas. Entre ellas figuran la prohibición del uso de información privilegiada, la manipulación del mercado y los informes técnicos o whitepapers engañosos, prácticas de las que se ha acusado a veces a las plataformas de intercambio y a las ICOs.
Las “operaciones con información privilegiada”, que recomienden o induzcan a otra persona a participar en operaciones con información privilegiada, constituirán un delito cuando se cometan intencionalmente. Se define como el hecho de que una persona posea información privilegiada y la utilice adquiriendo o cediendo, por cuenta propia o por cuenta de un tercero, directa o indirectamente, activos financieros virtuales a los que se refiere dicha información.
La “manipulación del mercado” constituirá un delito en casos graves o cuando se cometa intencionalmente. Se define como la manipulación o intento de manipulación de un activo financiero virtual o de un benchmark mediante el empleo de una estrategia abusiva que puede llevarse a cabo por cualquier medio disponible de negociación u otros medios.
En cuanto a la responsabilidad civil por declaraciones erróneas en un informa técnico, anuncios y sitio web de la ICO, la ley establece que: El emisor será responsable de los daños sufridos por una persona como consecuencia directa de haber comprado activos financieros virtuales, ya sea como parte de una oferta inicial de VFA por parte de dicho emisor o en una plataformas DLT de intercambio, sobre la base de información que se considere falsa… engañosa o inexacta o incoherente, ya sea deliberadamente o como consecuencia de negligencia grave. Y también se considera un delito.
Y la ley también parece tener un efecto disuasivo grave contra las infracciones más allá de las sanciones administrativas o la pérdida de una licencia. La persona culpable de un delito podrá ser condenada a una multa de hasta quince millones de euros (€15.000.000) o de hasta tres veces los beneficios obtenidos o las pérdidas evitadas en virtud del delito, la que sea mayor, o a una pena de prisión de hasta seis años, o a ambas penas.
¿Puede la ley realmente protegerse contra las diferentes formas de abuso del mercado? Comparte tu opinión sobre este tema en los comentarios en la parte de abajo.
Autor Original: Avi Mizrahi
Imágenes cortesía de Shutterstock
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